Perú: avances y retrocesos en los intentos de regular el trabajo en plataformas

Autora: Alejandra Dinegro

El 15 de mayo del año actual, la ciudad de Lima fue escenario de la tercera manifestación masiva protagonizada por los repartidores asociados a la plataforma de entrega, Rappi. La causa que desencadenó esta acción de protesta fue la introducción de una nueva modalidad conocida como “envíos económicos”, la cual permite a los usuarios realizar 2 o 3 pedidos pagando únicamente el precio de uno.

Estos sucesos nos recuerdan que en el año 2019 también se llevaron a cabo protestas en respuesta a recortes arbitrarios en las tarifas, de la plataforma Glovo, los cuales terminan por afectar directamente los ingresos de miles de repartidores y repartidoras. Ante ello, se encuentran constantemente ante la disyuntiva de aumentar las horas de trabajo, la intensidad del mismo o aceptar los incentivos que las plataformas ofrecen en días y horas especiales con el fin de mantener los ingresos y que ello no afecte su calificación en el aplicativo.  

En ese sentido, el Congreso de la República como el Ministerio de Trabajo han reaccionado lentamente a las acciones de los repartidores. En el 2019, las protestas impulsaron la formación de un Grupo de Trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de analizar las condiciones laborales en las plataformas digitales. El informe final de dicho grupo encontró indicios de una relación laboral, lo que ha llevado a la propuesta de establecer una jornada diaria máxima para salvaguardar la integridad de los repartidores, así como a requerir que las empresas brinden equipos de protección y mejoren los canales de comunicación.  

Durante la pandemia del Covid-19, Perú fue uno de los primeros países en América del Sur en declarar un Estado de Emergencia, cerrar fronteras y establecer el aislamiento social obligatorio a partir de marzo de 2020. En mayo, el gobierno consideró reiniciar algunas actividades económicas y laborales, como el servicio de entrega a domicilio. Sin embargo, recién en el mes de agosto se incluyó oficialmente el servicio de delivery en la lista de actividades esenciales, junto con sectores como salud, telefonía, transporte y limpieza, entre otros.  

El aislamiento social obligatorio también impactó en el sector de movilidad, el Ejecutivo señaló que los taxis por aplicativo eran vehículos particulares que no contaban con autorización ni regulación para brindar el servicio de transporte, por lo que deben cumplir estrictamente la cuarentena. Esto obligó a que varias plataformas adoptaran algunos cambios como la oferta de nuevos servicios y promociones, entre otros. 

No obstante, con la reanudación gradual de estas actividades, se hizo evidente la vulnerabilidad del sector de reparto y movilidad, que carecían de mecanismos de fiscalización, protección jurídica y acceso a recursos propios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o los Fondos Pensionarios, a los cuales pueden acceder los trabajadores formales. Además, resultó una gran incógnita el saber cómo se iba a garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución Ministerial N°163-2020-PRODUCE. 

En consecuencia, las protestas de este año han vuelto a poner en primer plano los debates legislativos pendientes y las diversas propuestas que han estado en discusión desde el año 2016 en el Congreso de la República. Aunque la discusión se ha centrado principalmente en las plataformas digitales más populares relacionadas con las entregas y la movilidad, es importante destacar que el problema es más amplio: la existencia de una gran cantidad de trabajadores independientes en Perú, tanto en empresas tradicionales como en la economía colaborativa, que realizan labores y generan ingresos sin acceder a derechos laborales. 

Desde entonces, diversos congresistas han intentado abordar esta problemática desde diferentes perspectivas. Un primer grupo de proyectos de ley busca regular el servicio de entrega y movilidad mediante la creación de un registro nacional, con el fin de transparentar las responsabilidades de las plataformas y garantizar derechos mínimos para los usuarios. Destaca el Proyecto de Ley N°3456/2018, que logró avances significativos al proponer garantizar la seguridad, especialmente de las mujeres, en el servicio de taxi a cargo de las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación, convirtiéndose en Autógrafa de Ley. 

Un segundo grupo de propuestas se enfoca en regular aspectos específicos, como el acceso a la seguridad social, mediante fórmulas compartidas entre las plataformas y los repartidores. Dentro de este grupo, el Proyecto de Ley N° 7567/2020-CR, que busca “garantizar condiciones mínimas laborales para los trabajadores que brindan servicios de entrega o movilidad a través de plataformas digitales”, fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso. 

Finalmente, un tercer grupo de propuestas se refiere explícitamente a la regulación laboral y la concesión de derechos laborales a través de vínculos de dependencia. En la actualidad, se encuentra el Proyecto de Ley N° 018/2021, que ha obtenido un dictamen aprobatorio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a mediados de junio de este año. Sin embargo, como contraparte a esta propuesta, también se encuentra el Proyecto de Ley N° 1536/2021, cuyo objetivo es establecer la categoría de prestador de servicios independiente para cualquier persona que brinde servicios de entrega, mensajería, movilidad, entre otros, a través de una plataforma digital. 

Las recientes protestas han provocado una nueva etapa del debate parlamentario y han impulsado la necesidad de encontrar soluciones concretas para las personas que se generan ingresos mediante plataformas digitales. Sin embargo, tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo tienen pendientes acciones concretas, como la conformación de un nuevo grupo de trabajo, el establecimiento de protocolos de fiscalización o una ley. También se plantea la necesidad de generar insumos conceptuales desde el derecho laboral para abordar las nuevas formas de empleo y los desafíos que plantean en cuanto a la definición de trabajador y empleador. 

En conclusión, los avances y retrocesos en los intentos de regular el trabajo en plataformas en Perú evidencian la necesidad de establecer un marco legal que garantice los derechos de los trabajadores y promueva condiciones laborales justas en el contexto de la economía digital. Las protestas han sido un factor clave para poner estos temas en la agenda pública y generar acciones legislativas, pero aún queda trabajo por hacer para lograr una regulación efectiva que proteja los derechos laborales de los trabajadores en plataformas.